Oficina de Servicios para Estudiantes

Universitarios con Impedimentos

UPR-BAYAMON

OSEUI ESTUDIANTES PROFESORES PADRES COMITÉ LEY 51
 

LEYES

Ley ADA de 1990 (American with Disabilities Act)

El propósito de la Ley es eliminar el discrimen contra las personas con impedimentos, garantizar la igualdad de oportunidades y fomentar la participación plena. Incluye a las universidades que reciben asistencia federal, acomodo razonable.

El estudiante con impedimento deberá identificarse y presentar documentación apropiada. La universidad no pagará por costos de evaluación. Bajo Ley ADA se le otorgan los servicios de acuerdo a la definición de persona con impedimento y de acuerdo a la documentación provista por el estudiante.

La Ley se divide en cinco (5) títulos:

Título I: Empleo
Título II: Servicios Público
Título III: Acomodo Público
Título IV: Telecomunicaciones
Título V: Disposiciones Misceláneas

Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 1973

Se refiere a la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación del año 1973 a la ley de derechos civiles le garantiza a las personas con discapacidades acceso igual a programas, servicios y vivienda, apoyados por el gobierno federal, incluyendo escuelas públicas. Los institutos y universidades que están recibiendo asistencia federal la mayoría no pueden discriminar en el reclutamiento, admisión o tratamiento de estudiantes.

Ley 51 de 7 de junio de 1996 (Servicios Educativos Integrales de Personas con Impedimentos)

Surge dada la diversidad de necesidades de las personas con impedimentos, su proceso educativo requiere un enfoque multidisciplinario que justifique la intervención de diferentes agencias del gobierno en la prestación de los servicios necesarios.

La Ley ratifica el derecho de las personas con impedimentos a recibir una educación pública, gratuita y de acuerdo a sus necesidades, que le permita desarrollarse plenamente y convivir con dignidad en la comunidad de la que forman parte. Es una Ley que cobija a la población con impedimento desde el nacimiento hasta los 21 años bajo el sistema de educación pública.

Ley Núm. 227 del 11 de septiembre de 2002

Esta Ley fue aprobada con el fin de enmendar algunos incisos en particular de la Ley Núm. 22 del 7 de enero de 2000, conocida como la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”.

Esta Ley pretende que:

  1. El Departamento de Transportación y Obras Públicas sea el único responsable de la gestión de solicitud, tramitación y expedición de rótulos removibles de las personas con impedimentos físicos.

  2. Ampliar el listado de enfermedades que no requieren recertificación y ampliar el término de vigencia del rótulo removible para impedimentos de carácter permanente a seis (6) años, y renovable a seis (6) años.

  3. Añadir el autismo y la xeroderma pigmentoso al listado de condiciones que justifican la concesión del rótulo removible.

  4. Establecer el rótulo removible de carácter temporero para personas con impedimentos temporeros, los procedimientos, duración y requisitos para la obtención del mismo.

  5. Establecer como delito menos grave la certificación fraudulenta de una condición para ser elegible para la expedición de un rótulo removible por un médico especialista, así como toda persona con impedimento de los no cobijados en los artículos que establece esta Ley, o persona responsable de ésta que hiciere declaraciones o alegaciones falsas con el fin de obtener para sí o para otra persona el privilegio de usar dicho rótulo removible, y para otros fines.

Ley 238 del 31 de agosto de 2004 (Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos)

Tiene la finalidad de adoptar política pública cuyo propósito primordial reside en asegurar el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos con impedimentos.

Con esta Ley se garantiza una mejor calidad de vida a las personas con impedimentos. Establece los derechos generales de las personas con impedimentos, tales como: rehabilitación, vida independiente y vivienda; establece los deberes del Estado.

Ley Núm. 229 del 2 de septiembre de 2003

Crea la Ley para Garantizar el Acceso de Información a las Personas con Impedimentos. Establece la Política en cuanto a accesibilidad a información y servicios para personas con impedimentos, a través de las páginas electrónicas de las dependencias gubernamentales y del uso de equipos de asistencia tecnológica.

Ley 208 de 9 de agosto de 2008 (Enmienda a la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos)

La Ley Núm. 238 de 2004, conocida como “Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos”, tiene como finalidad establecer las condiciones adecuadas que promuevan en las personas con impedimentos el goce de una vida plena y el disfrute de sus derechos naturales, humanos y legales, libre de discrimen y barreras de todo tipo. A esos fines, la Ley le impone la obligación a las agencias, instrumentalidades, corporaciones y municipios del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, someter planes estratégicos que provean programas y actividades, especialmente diseñados para satisfacer las necesidades de las personas con impedimentos.

Al evaluar los planes estratégicos sometidos por las instrumentalidades, corporaciones y municipios del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se encontraron deficiencias en los mismos, las cuales impiden el logro de la intención legislativa de la Ley Núm. 238, supra. Además, surge de este análisis, que la referida Ley no provee las herramientas necesarias para la revisión y corrección de los planes estratégicos, y que no hay un organismo que pueda ayudar en tal fase.

De ahí surge la necesidad de enmendar la Ley Núm. 238, supra, a los fines de crear los enlaces interagenciales, cuya responsabilidad primordial será el elaborar, verificar los planes estratégicos, sugerir enmiendas que estime necesarias a los mismos para garantizar los derechos de las personas con impedimentos, entre otras responsabilidades. La aprobación de este Proyecto de Ley contribuirá al logro de la política pública de garantizar a las personas con impedimentos el ejercicio pleno de sus derechos como ciudadanos.

Enmienda a la Ley ADA del 25 de septiembre de 2008

Las enmiendas a la Ley ADA es aclarar y reiterar que está cubierto por la protección de los derechos civiles de la ley. La "Ley de Enmiendas ADA de 2008" revisa la definición de "impedimento" para abarcar más ampliamente impedimentos que limitan sustancialmente una actividad importante de la vida. El lenguaje modificado también establece que las medidas de mitigación, incluidos los recursos auxiliares, ayudas auxiliares, alojamiento, tratamientos médicos y suministros (el uso de anteojos y lentes de contacto) no influyen en la determinación de si un impedimento cualifica bajo la ley. Los cambios también aclaran la cobertura de los impedimentos que son episódicos o en remisión que limita sustancialmente una actividad importante de la vida cuando está activo, tales como la epilepsia o trastorno de estrés postraumático. Las enmiendas entraron en vigor el 1 de enero de 2009.

Ley Núm. 57 del 5 de agosto de 2009 (Para enmendar el Artículo 3, inciso (e), y el Artículo 4, inciso (d) de la Ley Núm. 238 de 2004: Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos). Para establecer como política pública el proteger a las personas con impedimentos contra la explotación financiera por parte de familiares, personas particulares o empresas privadas; y para enmendar el Artículo 3, inciso (e), y el Artículo 4, inciso (d) de la Ley Núm. 238 de 31 de agosto de 2004 conocida como "Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos", para atemperarla a la política pública propuesta.

Ley Núm. 63 del 15 de abril de 2011 (Ley para establecer Servicios Bibliotecarios Inclusivos de Asistencia Tecnológica en todas las bibliotecas de los Recintos que componen la Universidad de Puerto Rico, universidades privadas, instituciones de educación superior y municipios que ofrezcan servicios bibliotecarios a las personas con impedimentos)

Para establecer el Sistema de Servicios Bibliotecarios Inclusivos de Asistencia Tecnológica en todos los Recintos que comprende la Universidad de Puerto Rico, universidades privadas, instituciones de educación superior y municipios que ofrezcan servicios bibliotecarios de información impresa o digital a las personas con impedimentos.

 
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